Rubricó un convenio en el que se cita al Cabildo como propietario del monumento.
La Junta de Andalucía tiene un problema si decide tomar medidas para reclamar la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba: sus propios actos. Y es que tantos años de autonomía, en los que ha ejercido las competencias sobre gestión patrimonial, han dado literatura administrativa de sobra en sus relaciones con el Cabildo Catedralicio para abordar distintas cuestiones sobre el monumento.
La primera, en la frente. Un convenio de colaboración rubricado en el año 1991 identifica a la entidad eclesial como «titular» del monumento. Y titular, según la Real Academia, es el «que tiene a su nombre un título o documento jurídico que la identifica, le otorga un derecho o la propiedad de algo, o le impone una obligación».
El acuerdo es muy anterior, por ende, a la famosa inmatriculación en el Registro de la Propiedad que ahora se discute. Dicho acto tuvo lugar en 2006 al amparo de una reforma legal que permite a los obispos certificar de forma previa la propiedad de bienes eclesiásticos sobre los que no existe un título de propiedad escrito, en muchos casos, por razones puramente históricas.
El convenio lleva el pie de firma del que entonces era consejero de Cultura, el socialista Juan Manuel Suárez Japón, quien ocupó el cargo entre 1990 y 1994 y ahora se dedica a la docencia como catedrático de Geografía Humana en la Universidad Pablo de Olavide. Por la parte eclesiástica, firmó Alonso García Molano, quien ocupó el cargo de deán en el Cabildo con los obispos José Antonio Infantes Florido y con Javier Martínez .
El documento estableció obligaciones entre las partes de acuerdo a las competencias legítimas, uno como Administración responsable de las políticas culturales de Andalucía y otro como propietario del edificio. En ese convenio se realizaron los acuerdos sobre las intervenciones financiadas por fondos públicos: la de la capilla del Inca Garcilaso y la del cuerpo de campanas de la torre.
De ese acuerdo se derivaron también una serie de iniciativas que han quedado en el tiempo para la gestión ordinaria de la Mezquita-Catedral. Por ejemplo, se establecieron los usos de las entradas y la gratuidad para los nacidos o residentes en Córdoba. La Junta de Andalucía acaba de pedir una política de puertas abiertas para los cordobeses, probablemente, con escasa información. Es algo que ya existe y en su implantación tuvo que ver la Consejería de Cultura hace 23 años.
En realidad, el archivo de ambas instituciones está lleno de acuerdos y gestiones entre la Junta de Andalucía y el Cabildo sin que en ningún momento se haya puesto en duda la capacidad de tomar decisiones de la Iglesiacomo responsable del monumento. La Junta estableció el primer plan de catedrales en los años 80 y, posteriormente, instó la realización de planes directores. El de la Mezquita-Catedral data de los años 90 y fue redactado por los arquitectos, Gabriel Ruiz-Cabrero y Gabriel Rebollo. Ambos siguen al frente de las actuaciones que se llevan a cabo en la Mezquita-Catedral como responsables técnicos de las labores de conservación que se llevan a cabo y han estado al frente, por ejemplo, de las iniciativas para reformar el muro norte, que la Junta no ha autorizado.
El Ministerio de Cultura, en la etapa del PSOE, también mantuvo relaciones institucionales habituales con el Cabildo. De esa etapa, forma parte el acuerdo para restaurar el crucero y el coro, que se financiaron con tres millones de euros a costa del uno por ciento cultural. Fue una actuación que surgió de un convenio entre el Gobierno, en el que estaba Carmen Calvo, el Obispado y el Cabildo.
Por su parte, el alcalde de Córdoba y presidente del PP de la provincia, José Antonio Nieto, se mostró ayer convencido de que «no va a haber ninguna acción jurídica por parte de la Junta de Andalucía» para que la Mezquita-Catedral sea de titularidad pública porque «es imposible y lo saben» tal y como dice está valorando el Gobierno andaluz.