Cada día que pasa, la Junta de Andalucía parece enredarse más en la singladura prometida para la «reconquista» de la Mezqita-Catedral. «Haremos lo que tengamos que hacer», fueron las palabras de la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, hace justo tres meses. Los primeros ecos de la plataforma laica y «on line» que exige la titularidad pública del templo y el monumento salían a la palestra. El Ejecutivo andaluz, encabezado, por su presidenta Susana Díaz, empleaba el regate corto y se subía al carro de una reivindicación sin aparente estructura, base jurídica y presencia social.
Ambrosio tocaba la campanilla y daba el pistoletazo de salida anunciando un informe jurídico para fijar qué puede hacer la Junta de Andalucía, que hacía suyas unas reivindicaciones alejadas de los contundentes argumentos jurídicos e históricos que expertos, y algo después el Gobierno vía ministro de Justicia en la Cámara Alta, manifestaban.
Justo un mes después, y en sede parlamentaria, la consejera de Hacienda María Jesús Montero daba voz y forma a la hoja de ruta de la Junta de Andalucía en su aventura, enganchada al mismo leit motiv: «Hay mucho por decir. La Junta está valorando desde el punto de vista jurídico diferentes altenativasque permitan garantizar un uso adecuado del monumento cordobés. Una vez tengamos esas conclusiones podremos conocer en detalle las opciones y las alternativas en función de nuestras competencias».
El Estado transfirió a la Junta en 1984 funciones y servicios en materia de Cultura. Entre ellas, un inventario de bienes inmuebles donde aparece una ficha con la Mezquita-Catedral. A partir de ahí, el Ejecutivo socialista entiende que Hacienda es competente porque preserva el patrimonio de la Comunidad Autónoma y Cultura también, ya que defiende los bienes patrimoniales históricos catalogados (los llamados BIC). El templo cordobes está protegido, de ahí que cualquier actuación en él requiera su permiso.
Montero apuntó de forma clara a Hacienda y Cultura como las áreas encargadas de analizar el asunto y «defender el interés de la mayoría de los ciudadanos» (sic). Sin embargo, portavoces autorizados de ambas Consejerías no aciertan a clarificar a preguntas de ABC quién es el encargado de hacerlo ni si está terminado el mismo. Cultura remite a Hacienda y en este departamento se apunta de manera vaga a la Secretaría General.
Frente a esta falta de respuesta, el Ministerio de Hacienda ha resuelto en apenas dos meses la queja ciudadana que denunciaba la presunta «usurpación por el Obispado de la Mezquita». Lo ha hecho, como avanzó ABC, en el sentido de ratificar la titularidad eclesiástica, y con un informe del Ministerio de Cultura en dicho expediente.
Ítem más. Algunas fuentes consultadas por ABC advierten de que podría haber ya un documento oficial en la Junta en sentido contrario a las tesis políticas de sus responsables. Y que éste pudo abordarse en Semana Santa sin que trascendiera. Desde Cultura descartan esta posibilidad.