La polémica acerca de la gestión y titularidad de la Mezquita-Catedral parece no querer extinguirse. Así la plataforma que defiende la titularidad pública del templo ha elevado un documento a la Unesco, acompañado de algo mas de trescientas mil firmas, en el que realiza diversas denuncias, desoyendo los argumentos que ya se han emitido por parte del gobierno que zanjaban la cuestión.
De esta manera, en dicho informe se manifiesta "el grave incumplimiento de hasta cinco disposiciones del organismo internacional encargado de la custodia y protección de los bienes Patrimonio Mundial (...). Particularmente la supresión del término Mezquita y la destrucción de los valores islámico-andalusíes, principal seña de identidad del monumento (...). La gestión desleal de los últimos años contraviene las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, aprobadas por la Unesco el 2 de febrero del 2005, que obliga a los estados a vigilar la protección y correcta interpretación de sus valores, así como la divulgación, señalización y adecuada explicación de los mismos".
Por su parte, el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, ha manifestado en su carta pastoral que "la Iglesia no quiere privilegios, ni pretende ser tratada mejor que nadie (...). Quiere someterse a las leyes comunes y servir a la sociedad y a la persona (...). Lo único que pretende es poder ejercer la misión que Cristo le ha encomendado, y poder hacerlo en libertad... atender a los necesitados, compartir con el que está solo o no tiene para comer, vendar heridas que nuestra sociedad produce y no es capaz de restañar... dar esperanza, pero no con palabras huecas, sino con hechos".
De esta manera, en dicho informe se manifiesta "el grave incumplimiento de hasta cinco disposiciones del organismo internacional encargado de la custodia y protección de los bienes Patrimonio Mundial (...). Particularmente la supresión del término Mezquita y la destrucción de los valores islámico-andalusíes, principal seña de identidad del monumento (...). La gestión desleal de los últimos años contraviene las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, aprobadas por la Unesco el 2 de febrero del 2005, que obliga a los estados a vigilar la protección y correcta interpretación de sus valores, así como la divulgación, señalización y adecuada explicación de los mismos".
Por su parte, el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, ha manifestado en su carta pastoral que "la Iglesia no quiere privilegios, ni pretende ser tratada mejor que nadie (...). Quiere someterse a las leyes comunes y servir a la sociedad y a la persona (...). Lo único que pretende es poder ejercer la misión que Cristo le ha encomendado, y poder hacerlo en libertad... atender a los necesitados, compartir con el que está solo o no tiene para comer, vendar heridas que nuestra sociedad produce y no es capaz de restañar... dar esperanza, pero no con palabras huecas, sino con hechos".
Blas Jesús Muñoz
Recordatorio Ataque a la libertad religiosa en la Complutense