La Cruz de los Caídos, uno de los monumentos más visibles de la ciudad de Vigo y erigida por iniciativa de la Falange en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil, será derribada.
La decisión deriva de una sentencia judicial emitida por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Vigo. Y es que según fundamenta en su resolución el juez, Antonio Martínez Quintanar, "no es un símbolo religioso, sino político, que se construyó para conmemorar la sublevación militar de 1936, de los vencedores de la Guerra Civil y de la posterior dictadura y represión".
Según consta en la sentencia, la Cruz de los Caídos "es un testimonio presente del triunfo de los vencedores de la Guerra Civil y memoria de humillación para los vencidos, sus víctimas y sus descendientes".
La historia de la Cruz, situada en la falda del Monte de O Castro y que se proyecta sobre la ciudad y la ría de Vigo, tiene una altura de 12 metros y fue levantada en el año 1961. La iniciativa de colocar el símbolo religioso, rodeado de connotaciones políticas, fue del jefe local de Falange Española y, aunque se ha tratado de convertirla en un símbolo exclusivamente religioso, el intento no ha cuajado.
De hecho, el intento de despolitizar la cruz ha contado con la colaboración de los alcaldes socialistas. El regidor actual, también del PSdeG-PSOE, Abel Caballero, rechazó la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de derribar la cruz debido a un acuerdo con el titular de la diócesis católica.
La petición de la retirada del monumento franquista, desprovisto desde 1981 de cualquier inscripción alusiva al régimen anterior, sólo ha sido sostenida por los nacionalistas, la izquierda "transformadora" y las asociaciones antifranquistas. El pronunciamiento del juez ampara ahora sus reivindicación e, invocando la Ley de la Memoria Histórica impulsada por los socialistas, ordena que llegó el final para el monumento.
La incógnita es averiguar si el Ayuntamiento de Vigo recurrirá la decisión del juez de anular el acuerdo de la junta de gobierno de 1 de marzo de 2013, que denegaba la solicitud de derribo del monumento "que posibilita la concentración de grandes cantidades de personas en los actos de conmemoración falangista", según reza la sentencia.