Blas Jesús Muñoz. Mi amigo sigue con la luz cortada y un apaño "ilegal", para que su familia pueda seguir mal viviendo en su casa, cercana al embargo. Sigue yendo a Cáritas y anteponiendo la vergüenza al sostenimiento de su familia. Sigue aceptando trabajos de una semana o unas horas y sigue sin ningún ingreso más que la caridad de sus familiares y amigos. Y, entre tanto, la preocupación de nuestros políticos (por llamarlos de alguna manera) sigue siendo que no multen a los de Rey Heredia por ocupación ilegal.
Y es que lo que aquí se llama ilegal es inmatricular tus propios bienes, bajo el amparo de una ley que, hasta la fecha, por más voces alzadas y heraldos del apocalipsis expropiatorio que ha habido, nadie y repito nadie, tan siquiera se ha atrevido a recurrir. Porque, y perdonen la expresión, aquí los cojines se sacan para dar un titular cuando sabes que no albergan más razón que la de quedar bien ante tu público. Y esto último no es, por desgracia, solamente aplicable a los políticos.
Interróguense un instante sobre qué pasaría si no hubiese asociaciones de la Iglesia (sí, la Madre y Maestra de los males de más de uno) que ejerciesen la labor asistencial que desarrollan. La respuesta es muy simple, ¿no creen? Mi amigo, por ejemplo, no tendría donde ir con su familia a comer y, probablemente, si no saliera en televisión contando su historia, se vería abocado al abandono, como hasta la fecha, de las instituciones.
La siguiente pregunta radica en el punto en que las cofradías decidiesen -cansadas de ser vilipendiadas, como últimamente parece estar de moda- retirar de un plu alzó su obra social. Multipliquemos el número de hermandades que hay en Córdoba, por ejemplo, y el dinero y trabajo que destinan a labores asistenciales. Si a las administraciones que tanto empeño tienen en recaudar, no les da para proteger a sus ciudadanos en caso de necesidad, la pregunta final es evidente ¿Qué pasaría?