Raquel Medina. Mucho se habló de la ordenanza que el Ayuntamiento de Aznalcázar quería poner en práctica. En dicha ordenanza, el Consistorio pedía un peaje por el uso público y aprovechamiento de espacios forestales a las filiales rocieras que pernoctaran en los pinares de su término municipal.
Ante tal hecho muchas fueron las voces que se alzaron en su contra e incluso la Junta de Andalucía interpuso una demanda, que ahora ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad. Así pues, el Ayuntamiento está en todo su derecho, según esta sentencia, de pedir los 3000 euros de fianza y los 25€ de cuota por vehículo a las hermandades que allí sesteen o acampen.
No obstante, el Pleno celebrado el pasado lunes ha aprobado suspender temporalmente la puesta en marcha de esta ordenanza, eximiendo así a los rocieros del pago.