Juan Pérez. La delegación para asuntos jurídicos para hermandades y cofradías del Arzobispado de Sevilla ha desestimado la impugnación del hermano mayor electo de La Lanzada, Antonio Ramírez, así como la de algunos de los miembros de su candidatura. Cerrando con ello (al menos a nivel canónico) la brecha que se había aborto en la corporación de San Martín, tras las elecciones a las qje concurrieron dos candidaturas.
Los motivos de la impugnación
Como les informaba el compañero Blas J. Muñoz, según adelantaba Esteban Romera en Pasión en Sevilla, esta cuestión habría servido de base para que un hermano, Joaquín Bastida, hubiese presentado la impugnación del Cabildo de Elecciones en base a que, "según se especifica en dicho escrito, para pertenecer a una junta de gobierno según el artículo 317.4 del Código Canónico, así como los artículos 31 y 32 de las actuales Normas Diocesanas vigentes (las recientemente aprobadas entrarán en vigor el próximo 15 de agosto, según el Decreto del Arzobispado de Sevilla) y las propias reglas corporativas de la hermandad de la Sagrada Lanzada en las que en su artículo 59 apartado A, se expresa que para presentarse como hermano mayor no puede desempeñar el candidato ningún cargo de responsabilidad política a cualquier nivel".
Sin embargo, de la noticia editada pir el portal cofrade de ABC se desprenden acusaciones de mucha mayor envergadura y gravedad, al manifestar que se han impugnado en el escrito presentado a otros cinco componentes de la candidatura que serían Juan Antonio Pérez Tarascó, Juan Fernández Naranjo, José Francisco Gavilán del Pino, Rafael Reinoso y Daniel García Acevedo. Toda vez que en el mismo se expresaría que "estos oficiales de junta de gobierno no tuvieron un comportamiento correcto porque presuntamente «profanaron los restosque estaban depositados en una fosa común en el columbario de la hermandad, echándolos en una fosa común sin autorización ni conocimiento de los hermanos así como de sus familias, y destruyendo los efectos personales de los difuntos». Estos hechos, al parecer, fueron comunicados a la autoridad eclesiástica competente, en concreto, según se especifica en el escrito al Vicario de la zona, aconsejándose «no ejercer acciones legales para evitar el escándalo…".