Se trata de un funcionario de Hellín (Albacete) que usaba su puesto de trabajo del Ayuntamiento para crear videos injuriosos. El tribunal considera que los hechos van más allá de la libertad de expresión.
El juzgado número 3 de Hellín ha condenado a un funcionario de la Biblioteca Pública de la localidad a una indemnización de 750 euros más las costas del proceso por los daños morales ocasionados al presidente de la cofradía, cantidad que en un primer momento era del doble pero que la Audiencia Provincial de Albacete ha reducido.


































