Blas Jesús Muñoz. Lejos de extinguirse, el incendio político y mediático a cuenta de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Córdoba, parece aumentar en intensidad conforme avanza el tiempo y se acercan las elecciones. De hecho, Carlos Baquerín (concejal por UCOR) ha sido citado a declarar el próximo 20 de enero, a causa de la denuncia que él mismo había interpuesto y que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba.
En la citada denuncia, Baquerín la elevaba contra la Diócesis de Córdoba y el obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo Catedralicio y sus integrantes y presidente, Manuel Pérez Moya, y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y el alcalde, José Antonio Nieto, en función de las inmatriculaciones realizadas por el órgano eclesiástico.
En su denuncia, el concejal señala que "pudieran concurrir presuntos delitos de prevaricación y falsedad", en cuanto que "la Diócesis ha permitido, y tal vez propiciado, en su exclusivo beneficio, que bienes inmuebles inmatriculados en su favor -algo que en apariencia las administraciones públicas competentes parece que debían desconocer- y que supuestamente por tanto ya antes de la inmatriculación venía considerando como propios, históricamente, antes y después de las inmatriculaciones, se hayan mantenido, limpiado y reparado a costa de recursos públicos".
