Blas Jesús Muñoz. Los desafortunados y presuntos sucesos acaecidos en torno al llamado caso Romanones siguen generando informaciones que, cuanto menos, se podrían catalogar de sorprendentes a estas alturas de la investigación judicial.
Una investigación en la que el juez del caso, Antonio Moreno, había dado un ultimátum al Arzobispo de Granada (que hace años ocupara la sede de Osio), Mons. Javier Martínez, para que le de las declaraciones de los implicados en el caso de pederastia de Los Romanones. Las mismas se corresponderían con las declaraciones que en sede eclesial realizaron los diez sacerdotes y dos laicos imputados en la causa que investiga abusos sexuales a menores por parte de los acusados.
El citado juez Moreno habría dado un plazo de tres días al máximo prelado de la diócesis granadina, a fin de que haga entrega de los documentos que se le requieren. Todo ello, aderezado con el hecho de que el pasado lunes, un funcionario hubiera intentado en dos ocasiones, sin éxito, hacer entrega del auto al arzobispo, arguyendo sus colaboradores que Monseñor Martínez no se encontraba en esos momentos.
En la jornada de este jueves día 28, el pastor de la diócesis del Darro finalmente ha recibido a dos funcionarios de la Policía Judicial, los cuales le han informado de que tiene tres días de plazo para colaborar, pudiendo enfrentarse a un delito de desobediencia en caso de no actuar conforme exige el magistrado de la causa.
Recordatorio El Cirineo: Coger el toro por la mitra
