Blas J. Muñoz. A Dios rogando y con el mazo dando. Con ese
aforismo podría definirse con nitidez la situación por la que atraviesa
el gobierno local y allegados. De hecho, el informe elevado por el
funcionario Valeriano Lavela al ejecutivo, en el que acude al Derecho
Romano para justificar que la inmatriculación de la Catedral es nula,
parece formar parte de tal axioma.
El informe emitido, de diecisiete folios (menos cantidad
que la de cualquier resolución de carácter civil), acude a las fuentes
del ordenamiento jurídico va se del actual, obviando hasta donde hemos
podido saber conceptos tan básicos como que el Romano era un derecho
eminentemente jurisprudencial y casuístico. Toda vez que se remonta a la
historia, soslayando una norma actual que da carta de naturaleza a la
inmatriculación y que, hasta la fecha, ningún tribunal ha tildado de
ilegal.
En palabras de Lavela recogidas por Cordópolis la
declaración de la Unesco supone que estos monumentos tienen “y tendrán
un único dueño y legítimo titular”, “los ciudadanos y ciudadanas del
mundo pertenecientes a cualquier tiempo o época pasada, presente o
venidera sin distinción de pueblos, naciones, culturas o razas”. Hecho
que parece manifestar un valor interpretativo que podríamos tildar más
de parcial que técnico.
Entre tanto, la Alcaldesa ha dado a conocer el informe a
los grupos municipales que lo han solicitado, en previsión de que el
mismo sea utilizado de cara a que el mismo sirva como arma en la lucha
declarada con esta cuestión. También llama la atención que un medio
tenga acceso casi inmediato a este tipo de documentación y use el
anglicismo "from", tal vez, como una muestra de su relación estrecha con
algunos ediles de Capitulares.
Foto: Álvaro Córdoba
