Juan Gravina. El pasado jueves trascendió el robo de dos azulejos del siglo XVI en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). Ahora la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía reclama ante el mismo una actitud de "prudencia y cautela", mientras que acusa al Partido Popular de realizar críticas que "llegan muy tarde".
Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta ha indicado que, una vez conocido el robo de los dos azulejos pertenecientes a un paño del Claustro de los Muertos del monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, la Consejería de Cultura está "cooperando" con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus investigaciones, manteniéndose el momumento cerrado al público.
Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta, ha solicitado comparecer en la comisión de Cultura del Parlamento el próximo 14 de septiembre para informar de todos los detalles del suceso.
Ante las críticas realizadas por el PP de Sevilla, que ha anunciado iniciativas parlamentarias para exigir responsabilidades a la Junta por el robo además de reclamar un estudio detallado sobre el valor de los bienes hurtados, Girela afirmó que ambas iniciativas han llegado tarde, ya que técnicos de la Consejería, tras producirse el robo, se desplazaron al monasterio para emitir dos informes sobre el impacto del mismo en el patrimonio y otro sobre la seguridad en el entorno del monumento.
Girela también ha respondido al exalcalde de Santiponce, José López (IU-CA), que ha relacionado la desaparición de los azulejos con la exigua plantilla que la Consejería de Cultura destina al monumento ya que, según aquel, el mismo está dotado de un sistema videovigilancia adecuado, contando asimismo con seguridad durante las tardes y las noches que se mantiene cerrado. Respecto a la falta de personal el delegado territorial ha atacado directamente al exalcalde al señalar que fue durante su mandato cuando se rompió el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Consejería por "razones presupuestarias", y la consecuente retirada de dos guías que, tras recurrir su despido ante la justicia, tendrán que ser readmitidas o indemnizadas.
