Carlos Gómez. La hispalense hermandad del Valle continúa siendo materia de actualidad obligada por asuntos jurídicos. Hoy se ha podido conocer que la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha rechazado la apertura de una pieza separada para investigar la fuente responsable de filtrar a determinados medios de comunicación datos relacionados con las cuentas de la corporación. La cofradía consideraba que las mismas eran constitutivas de delito, tal y como manifestó por escrito, calificando a las mismas como “inoportunas y que vienen referidas a documentos iniciales que se aportaron con carácter provisional”. No obstante, los responsables de la corporación radicada en la iglesia de la Anunciación nunca desmintieron la veracidad ni la validez de dicha documentación.
La hermandad del Jueves Santo apuntaba a que aquellos que habían realizado las filtraciones solamente podían ser algunos miembros de la cofradía personados en la causa tras haber denunciado el presunto desfalco cometido por un exmayordomo de la junta de gobierno: los mismos que el pasado mes de febrero pusieron en conocimiento de la justicia los hechos ocurridos en el seno de la corporación del Jueves Santo. Cabe recordar que todo este controvertido asunto saltó a la palestra durante la celebración de un cabildo general ordinario de la hermandad, al darse a conocer la presunta malversación de la nada desdeñable cantidad de 100.000 €.
El escrito presentado por el Valle ante la jueza –que no contó con el respaldo de la autoridad eclesiástica- requería que se procediera “a abrir pieza separada para investigar la autoría de las denunciadas filtraciones” ya que, según la propia diligencia, “pudiera ser -y lo decimos no sin cierto atrevimiento y a título meramente informativo, sin verdadera prueba al respecto, y aun dudando del resultado” que el autor de las filtraciones fuese uno de estos hermanos que inicialmente denunciaron los hechos cuando la corporación rechazó recurrir a la vía penal.
Pretendía de este modo la corporación la adopción de medidas contra los autores de las mencionadas filtraciones, como recogía el escrito, y se impidiera el acceso a la documentación del sumario de la causa a quienes, por el momento, intentan erigirse en acusación particular, aspecto que debe ser resuelto por la Audiencia Provincial.
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