La polémica en torno a la Catedral de Córdoba debería -o al menos lo parece- quedar zanjada, tras la renuncia expresa del Gobierno a expropiar el templo. Así lo comunicó en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo
Izquierda Plural. En la misma señala que “sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al
conjunto de la sociedad que en la actual situación de crisis, especialmente
grave en esa comunidad, las Administraciones Públicas destinarán una ingente
cantidad de dinero, que habría que sustraer de otras partidas más necesarias, a
expropiar la Catedral de Córdoba”.
Entre las diversas y contundentes razones que esgrime el ejecutivo de la nación, se pone de manifiesto que existen numerosas razones que impiden llevar a cabo tal actuación intervencionista como, entre otras, la falta de recursos al amparo de la situación económica actual, atendiendo además al hecho de que el coste anual de su mantenimiento y los gastos
extraordinarios de conservación también deberían ser asumidos por el Estado.
A su vez, presisa el ejecutivo que, atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico Artístico no se da ninguna de las circunstancias que ésta establece para que se lleve a cabo la expropiación.
Blas Jesús Muñoz
