Blas Jesús Muñoz. "Si encontramos el consenso entre todos no habrá ningún problema", con esta frase del Primer Teniente de Alcalde y Presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, parece ponerse de manifiesto que, lejos de haberse encontrado una solución para la ansiada apertura de la segunda puerta de la Catedral, aun quedan capítulos -y tinta para escribirlos- por sucederse.
La autorización administrativa realizada por parte de la Junta al proyecto presentado por el Cabildo Catedral, así como su reciente rechazo a las alegaciones realizadas por Rafael de La-Hoz, parecían en principio argumentos lo suficientemente sólidos como para que la licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo fuera un mero trámite. No obstante, al hablar de "consenso" entre todas las partes, la postura del edil de Izquierda Unida aventura que, dicha autorización municipal, tendrá que pasar por diversos estamentos (suponemos que UNESCO, incluida), antes de ser concedida.
Una especie de traba que llama la atención, si tenemos presente que la Alcaldesa de la ciudad pertenece al Partido Socialista (el mismo que gobierna en San Telmo) y, en consecuencia, el corporativismo que suelen llevar a gala los partidos políticos quedaría, en este caso concreto, como una excepción singular. Además, de persistir dicha traba, se haría altamente complicado el traslado de la carrera oficial a la Catedral, de no obtenerse la licencia que permita abrir la antedicha segunda puerta.
Un consenso prácticamente imposible
Hablar de encontrar el consenso ante una decisión técnico-administrativa parece dejar entrever que, desde la corporación municipal, existirían una serie de reservas de cara a que las cofradías transiten de una forma más fluida (y, probablemente, en mayor medida), por el templo catedralicio. Todo ello es justificable en relación a unas declaraciones que no se atienen, de momento, a condiciones técnicas, sino que por contra van encaminadas en un sentido político evidente.
De hecho, García es uno de los defensores más acérrimos de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, habiendo llegado recientemente a tildar las inmatriculaciones de la Iglesia como "barbaridad urbanística y administrativa que se ha hecho en la ciudad de Córdoba". Toda vez que se ha manifestado claramente "defendiendo la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y de todos los bienes que ha inmatriculado la Iglesia en la ciudad de Córdoba".
